Robos a instituciones públicas: casos que no cesan
La ola de robos a instituciones públicas continúa sin tregua, ya sea cuando los delitos ocurren o cuando se hacen públicos. En la noche del martes, dos corporaciones de asistencia judicial fueron violentadas y se robaron computadoras, al igual que en la Defensoría de la Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, donde también reconocieron un robo similar ocurrido el 15 de julio. Sin embargo, el caso más destacado fue el ingreso de un individuo al Ministerio Público en una situación similar al segundo incidente registrado en Mideso.
Alejandro Díaz, director general de las corporaciones de Asistencia Judicial confirmó que desconocidos ingresaron a las oficinas en La Cisterna y San Ramón llevándose dos computadoras en cada caso. Estos equipos contenían información sobre causas patrocinadas por las corporaciones relacionadas con personas de escasos recursos económicos y legislación correspondiente. Por otro lado, la Defensoría de la Niñez reveló que les sustrajeron once ordenadores el 15 de julio en un espacio compartido por empresas e instituciones públicas.
En cuanto al intento fallido ocurrido en el Ministerio Público, se informa que un individuo logró ingresar a las oficinas principales e incluso recorrió despachos mientras los fiscales trabajaban. Afortunadamente no logró robar nada aunque fue detectado días después gracias a las cámaras internas registrando sus movimientos e incluso consumiendo alimentos.
Estos sucesos han generado diversas opiniones entre políticos destacados como el ministro de Justicia Luis Cordero y el fiscal nacional Ángel Valencia, quienes debaten sobre la frecuencia de este tipo de delitos. Cordero sostiene que los ingresos a oficinas públicas y privadas en el centro de Santiago son más recurrentes de lo que se cree, mientras que Valencia destaca que si bien no es común que se ingrese a un ministerio para robar computadoras, los delitos en sí son comunes.
En respuesta a estos hechos preocupantes, el secretario general de RN, Diego Schalper, solicitó un sumario a los empleados públicos responsables por omitir denuncias de delitos en las subsecretarías correspondientes. Según Schalper, estos sucesos revelan una inédita y compleja vulnerabilidad en los sistemas de seguridad gubernamentales y acusa complicidad pasiva por parte del gobierno actual.
