La Fiscalía Regional del Biobío ha abierto dos investigaciones por presuntas irregularidades en convenios entre el Estado y fundaciones en esta región. Una de las indagatorias busca determinar si se cometieron delitos en los traspasos de recursos desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) Biobío a la Fundación Urbanismo Social. Según informes, el Minvu regional otorgó $148 millones a Urbanismo Social para brindar asistencia a los damnificados de los incendios forestales, lo que ha sido cuestionado debido al vínculo laboral previo que tuvo Daniela Dresdner (RD) con la organización antes de asumir como Delegada Presidencial.
Por otro lado, se está revisando el convenio entre el Gobierno Regional encabezado por el gobernador Rodrigo Díaz y la ONG Red Cultivarte, dirigida por la cuñada del alcalde de Coronel, Boris Chamorro. El gobierno regional habría traspasado más de $274 millones a esta organización para un programa destinado a los adultos mayores.
Ambas investigaciones están bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Alta Complejidad del Biobío y son lideradas por la fiscal anticorrupción María José Aguayo.
